La Comisión Valech, en la región de Antofagasta, se reconocen 42 centros de detención y tortura. Estos lugares fueron utilizados para recluir a mujeres y hombres que -mayoritariamente- eran parte de partidos políticos de izquierda u organizaciones que se declaran en contra del régimen cívico-militar impuesto en 1973.

Las cárceles, regimientos militares, comisarías de Carabineros y muchos otros establecimientos dependientes de las fuerzas de orden, sirvieron a los órganos de inteligencia como centros de organización de la represión. Muchas veces los/as detenidos/as eran trasladados/as de un lugar a otro -incluso fuera de la ciudad- con el objetivo de desorientar a la persona detenida e imposibilitar, a sus familiares, el contacto directo.

Al ser lugares públicos, las familias de las personas que fueron detenidas durante esos años, se manifestaban fuera, para denunciar las desapariciones, y las detenciones irregulares que se realizaban en la ciudad. Gracias al exhaustivo trabajo que las agrupaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos de la época realizaban a las afueras de estos recintos, es que se ha podido visibilizar su existencia como lugares de detención.  

En calle Arturo Prat 1147, se ubica el Centro Penitenciario de Antofagasta, administrado por Gendarmería de Chile. Este espacio que se encuentra en el sector centro-oriente de la ciudad, fue utilizado como centro de detención para prisioneros políticos, en este caso, varones. Gracias a los testimonios y entrevistas que los sobrevivientes han entregado de este lugar, es que también se reconocen prácticas de resistencia y solidaridad, como el taller de arpilleras que realizaban entre compañeros detenidos.

A finales de 1973, la Cruz Roja Internacional visitó la cárcel de la ciudad y constató la presencia de 171 prisioneros políticos que se encontraban separados de los presos comunes y en precarias condiciones, además de recibir golpes y torturas por parte de Gendarmería y del Ejército. 

Los detenidos que eran encarcelados hasta 1978 fueron condenados por Consejos de Guerra, procedimientos judiciales militares en que los imputados se presentaban frente a un fiscal militar y eran defendidos por abogadas y abogados de la Vicaría de la Solidaridad o la Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

Hacia fines de los ‘80 se creó un amplio movimiento en solidaridad con los presos políticos que incluyó la realización de actividades culturales y de actos de apoyo y denuncia por la libertad de las personas detenidas, además de la consolidación de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Antofagasta.

La Agrupación de ex Presos Políticos de Antofagasta, consolidada a comienzos de los ‘90 se ha encargado de hacer las denuncias a las instituciones correspondientes, por los vejámenes a los que fueron sometidos, señalando los nombres de torturadores, donde la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias para ejecutar las sentencias.

Diferentes testimonios y documentos producidos en solidaridad con los presos políticos durante los ‘80 han servido para la planificación y desarrollo de la campaña por la libertad de los presos políticos de la revuelta de octubre de 2019, como ejemplo práctico de la memoria (y el archivo) como instrumento para la organización contemporánea.